La auditoría encargada a una consultoría externa, a principios de esta legislatura, por el nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Totana, del PP, arroja una deuda total municipal de 20,5 millones de euros y una liquidez de 1,2 millones de euros en tesorería. 
 
El alcalde de Totana, Juan Morales, y el concejal de Hacienda y Régimen Interior, Roque Molina, hicieron públicas hoy las conclusiones de este informe económico-financiero y explicaron las medidas que tienen previstas adoptar para hacer frente a la deuda y realizar inversiones en los próximos tres años. 
 
El edil informó de que con este estudio se pretendía conocer la situación real y comprobable del ayuntamiento y las tres extintas sociedades municipales desde el punto de vista económico; y facilitar al Gobierno entrante los datos y antecedentes precisos que nos permitan tomar las decisiones oportunas en esta materia en el futuro. 
 
Molina señaló que el equipo de Gobierno cuenta con las conclusiones de dicha auditoría desde el pasado mes de diciembre, aunque en este tiempo se han estado analizando los resultados con el fin de ordenar las medidas que se van a poner en marcha para salir de este “colapso financiero”. 
 
Además, calificó esta situación de “quiebra real” de las arcas municipales y cifró en 12,9 millones de euros las facturas que el anterior equipo de Gobierno del PSOE e IU dejó sin pagar; al tiempo que indicó que la deuda a largo plazo con entidades financieras se multiplicó por nueve en los últimos cuatro años. 
 
También precisó que esta “foto fija” de la situación económica municipal fija que de esos 20,5 millones de euros pendientes de pago, unos 7,7 corresponden a la deuda a largo plazo con entidades de crédito y 12,9 a corto plazo, de la que la “gran mayoría” son facturas a proveedores del ayuntamiento. 
 
El concejal de Hacienda precisó que el estudio se ha realizado en dos momentos concretos: a 31 de diciembre de 2002 que es la fecha de cierre del ejercicio presupuestario y a fecha del 14 de junio de 2003, que tomó posesión el PP. 
 
Asimismo, invitó a los ciudadanos y proveedores a que consulten la información desprendida de la auditoría que se colgará en la web municipal y estará a disposición de los usuarios en el Servicio de Atención al Ciudadano y en el teléfono 010. 
 
Roque Molina señaló que “el informe podrá tener más o menos credibilidad para la oposición”, pero reiteró que “las facturas sin pagar están ahí fotocopiadas para pagarlas”; y achacó esta situación a los “presupuestos ficticios” que se elaboraban y han ido incrementando la deuda paulatinamente en los últimos cuatro años. 
 
En este sentido, citó que en el 2003 se aprobó un presupuesto “irreal” en el que se preveía ingresar 22,5 millones de euros cuando la recaudación real ascendía a los 15 millones de euros; a cuya situación “se sumaba” que el gasto era de 21 millones y de éstos 16,4 ya se habían comprometido antes de las elecciones municipales. 
 
Por su parte, el alcalde calificó de “irresponsabilidad política” la gestión del PSOE e IU, caracterizada por “el derroche y despilfarro”, según dijo; y lamentó la situación que se va a arrastrar en esta y próximas legislaturas y que ha llevado al expolio del patrimonio municipal por valor de entre 700 y 800 millones de pesetas. 
 
Morales informó de que se va a solicitar un pleno extraordinario para que los partidos políticos den cuenta de la gestión y anunció la puesta en marcha de un plan de viabilidad financiera con el que atender, a corto y medio plazo, a los proveedores pendientes de pago. 
 
Abogó por las políticas de déficit cero y control riguroso del gasto para salir de esta “pésima” situación económica y aseguró que, en esta legislatura, “no se gastará más de lo que realmente se ingrese”, aunque señaló que se deberá realizar una operación de crédito para asumir la deuda heredada y continuar con las inversiones en el municipio. 
 
El primer edil comentó que la nueva política económica del ayuntamiento estará “muy alejada” de las de “ingeniería financiera” del PSOE e IU, ya que, según señaló, ésta “será acorde a las necesidades y no a la realidad virtual de la anterior legislatura”. Entre algunas medidas de ahorro, destacó la disolución de las sociedades municipales. 
 
Reconoció que la herencia recogida está presentando una situación económico-financiera “muy difícil” de solventar, y que ya en el primer mes tuvimos que tomar medidas para pagar al personal municipal ante la falta de liquidez; aunque precisó que “saldremos de ella, porque para eso los vecinos nos han ofrecido el gobierno”.