El concejal socialista, Andrés García Cánovas, expresó su rotunda oposición a este impuesto del gobierno regional y dijo que es una prueba más del empeño de Valcárcel para dificultar la construcción de nuevas desaladoras en la región.

Señaló que con este nuevo impuesto se grava el agua desalada y que irremediablemente terminarán pagándolo los agricultores y los usuarios en general. Añadió que Valcárcel da un paso más en su política de confrontación con el gobierno de España y que con estas medidas demuestra el poco interés que tiene en que se resuelva el déficit hídrico de la cuenca del Segura.

Aseguró que podría darse la paradoja de que los agricultores que reciban el agua de la desaladora proyectada en Torrevieja (Alicante) obtengan el agua más barata que la que llegue a los agricultores murcianos procedente de las desaladoras que se instalen en la costa murciana.

Dijo que es una irresponsabilidad la creación de este nuevo impuesto sin haberlo negociado y consensuado con colectivos e instituciones de tanto peso en materia de consumo de agua como regantes, la industria, las asociaciones de consumidores o la Federación que agrupa a todos los municipios de la región.

Señaló que la situación es demasiado crítica como para que el gobierno regional se dedique a “torpedear” la desaladoras, y recomendó al gobierno regional que se ponga a trabajar junto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para resolver el déficit hídrico.

Recordó que jamás un gobierno de España se estaba gastando tantos millones de euros en la Región de Murcia en inversiones para corregir la falta de agua, y que ésta es la mejor prueba del interés que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y el resto del gobierno español.

Recomendó al PP totanero que se dirija al gobierno regional y en especial a Valcárcel para que en el trámite parlamentario de aprobación de los presupuestos regionales para el año próximo desaparezca este impuesto, y dijo que hacer desaparecer este impuesto debe ser una tarea prioritaria para nuestro alcalde.