Cebag ha hecho público el siguiente comunicado de prensa:
En torno a un centenar de propietarios de terrenos agrícolas situados al sur de la autovía del Mediterráneo se reunieron en la noche del pasado viernes en la sede de Cebag convocados por la Unión de Agricultores y Ganaderos (COAG) y por la Confederación de Empresarios para valorar las previsiones del PGMO de Totana, aprobado provisionalmente el pasado 23 de enero, en relación con esa zona.
La reunión estuvo presidida por el presidente de la Unión de Agricultores, Isidoro Cayuela, y el de Cebag, José Luís Hernández. También asistieron a la reunión los portavoces municipales de IU, Pedro Martínez, y del PSOE, Andrés García y Alfonso Martínez Baños. No asistió a la reunión ni el portavoz ni ningún representante del PP ni del equipo de gobierno local, a pesar de estar invitados.
Tras de la explicación de los miembros de la mesa de las condiciones y consecuencias que tenía la calificación del suelo como inadecuado, todos los presentes estuvieron de acuerdo en que había que rectificar esa calificación y solicitar la de urbanizable no sectorizado rural, como ocurre en algún municipio vecino con el plan ya aprobado, pero protegiendo la actividad agrícola y ganadera mediante la exigencia de la disposición de 100 Has. (1.000.000 m2) para promover cualquier desarrollo urbanístico.
Asimismo todos los intervinientes y asistentes coincidieron en que era necesario proteger a corto plazo el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera a fin de que nadie tuviese la tentación, al reconvertir, algunas zonas en urbanizables, de retirar las asignaciones y concesiones de agua de riego tanto del trasvase de Tajo como de los pozos de agua subterránea, como si no se modifica el plan puede ocurrir.
También se manifestó la preocupación y el interés de todos los propietarios en poder edificar viviendas unifamiliares en 5.000 m2 y en la necesidad de modificar el catálogo de caminos existente en el plan, que solo recoge los caminos principales pero no los secundarios de uso público, lo que obstaculizaría la posible segregación de parcelas al no ser estas colindantes a camino público reconocido en el catálogo.
También se acordó en la reunión mostrar la oposición de los propietarios a la creación y promoción pública por el Ayuntamiento de 1.500 Has. de suelo industrial en la parte baja de la autovía, en torno a la carretera de Mazarrón, por considerar que ello supondría eliminar a corto plazo, la actual actividad agrícola de regadío del trasvase, las explotaciones ganaderas, las viviendas de 1ª y 2ª residencia, los pozos de agua y todas las edificaciones existentes. Manifestando los presentes su preferencia porque esa zona se calificase como urbanizable no sectorizada rural y protegida del desarrollo urbanístico inmediato.
Todos los presentes mostraron su apoyo a los afectados por la indemnización del trazado de la autovía a Mazarrón, con los que el Ayuntamiento se había comprometido por convenio a poner a su disposición en otra zona la edificabilidad correspondiente a los terrenos ocupados por la autovía.
Pero siempre que la edificabilidad de esos 350.000 m2 de la autovía a Mazarrón no sea a costa de declarar suelo industrial 15.000.000 m2 de esa zona, que supondría multiplicar por 15 veces el actual polígono industrial de el Saladar, que ha tardado en desarrollarse 17 años.
Los participantes en la reunión acordaron manifestar su oposición al plan en esa zona e ir suscribiendo las correspondientes alegaciones así como informar al resto de los afectados y, si fuese necesario, tener alguna reunión más con otros propietarios en los próximos días.
A las preguntas y propuestas de algunos de los presentes sobre la conveniencia de plantearse alguna actuación distinta a las alegaciones. A la vista de que el equipo de gobierno había ignorado las alegaciones realizadas en diciembre de 2005 a la aprobación inicial del plan; el presidente de Cebag José Luís Hernández, manifestó que, por el momento Cebag no tenía previsto participar ni en ninguna plataforma ni en ninguna otra actuación contra el plan, porque, según manifestó, “aún tenemos la esperanza de que alguien en Totana o en Murcia, tenga un poco de sensatez y se avenga a negociar un plan al que se oponen varios miles de ciudadanos y que aunque es impensable que se apruebe definitivamente antes de final de mayo, podría suponer un coste político importante al PP tanto a nivel local como incluso regional”.