El concejal socialista Alfonso Martínez Baños dijo ayer en rueda de prensa, que en el PGOM de Totana se incumplen al menos 11 preceptos legales.

Dijo que después de haber estudiado el plan de manera más pormenorizada con expertos en el tema, la conclusión que han sacado es, que este documento es una auténtica “chapuza” y que no responde a las necesidades de Totana.

Recordó que este plan ha costado a las arcas municipales, por ahora, más de 70 millones de las antiguas pesetas y quiso hacer hincapié en que se concedió la redacción del proyecto a dedo a unos amigos del alcalde, Juan Morales y que esta ha sido una de las primeras ilegalidades detectadas.

Enumeró el resto de ilegalidades, según los socialistas:

"La segunda ilegalidad ha sido, que tanto en la aprobación inicial como en la provisional; los grupos de la oposición no tuvieron la documentación del PGOM hasta varios días después de la aprobación en el pleno, infringiendo el equipo de gobierno, con la complacencia de la Secretaria Municipal, el derecho fundamental de los concejales a tener la información a tiempo de estudiarla de los asuntos que se debaten en los plenos.

La tercera ilegalidad consiste en que solo uno de los 65 convenios urbanísticos del PGOM fue aprobado en el Pleno antes de la aprobación provisional, por lo que todos son nulos de pleno derecho, ya que la Junta de Gobierno Local no tiene la facultad de aprobar convenios.

La cuarta irregularidad está basada en la utilización de la permuta del valor de las plusvalías resultantes por obras en las que no hay ningún proceso de licitación pública como marca la ley.

La quinta es un posible delito de tráfico de influencias y de información privilegiada en la compra y posterior venta del paraje de “Las Cabezuelas”, que ha producido beneficios de muchos millones de euros a un antiguo presidente del PP de Totana. Este señor compró esos terrenos cuando aún estaban protegidos y no se podía construir en ellos, además en esos momentos el plan ni se había empezado a elaborar.

La sexta está basada en que el alcalde votó a favor de un convenio urbanístico en el que su hermano tenía intereses económicos.

La séptima consiste en que no se permitió a los grupos de la oposición ni estudiar ni votar las más de 3.200 alegaciones presentadas a la aprobación inicial en la comisión informativa del PGOM, suponiendo esto, una vulneración de los derechos fundamentales de los concejales de la oposición, que la Secretaria municipal debería de haber advertido al equipo de gobierno.

La octava es que tampoco se permitió que se votaran las alegaciones en el pleno. La novena es el flagrante incumplimiento de la Ley de impacto ambiental de junio de 2006, ya que los redactores no se han sometido a esta ley en la elaboración del Plan.

La décima consiste en el incumplimiento de la Ley de Aguas ya que tal y como ha reconocido el propio alcalde, no se ha solicitado al órgano de cuenca correspondiente el informe preceptivo de dotación de aguas para los desarrollos urbanísticos que se quieren hacer en nuestro pueblo.

El último consiste en el incumplimiento de la ley del suelo de la Región de Murcia, ya que el dinero que se está recaudando de los convenios urbanísticos no se está empleando en construir las infraestructuras que van a ser necesarias sino en gasto corriente y en actos propagandistas y electorales del PP. "

Terminó diciendo que todos estos datos están a disposición del concejal de urbanismo por si quiere rectificar y apeló a la cordura del equipo de gobierno para parar este disparate.