El concejal socialista Alfonso Martínez Baños ratificó las acusaciones de que el Ayuntamiento está al borde de la quiebra.

Dijo que "las acusaciones están muy bien fundamentadas, ya que están hechas a partir de informes técnicos que coinciden en que la situación del Ayuntamiento es de quiebra técnica".

"Esto está basado, sobre todo, en el incremento desproporcionado e ilógico del gasto de personal y del gasto de funcionamiento del Ayuntamiento", añadió.

Repitió que "la deuda actual del consistorio ronda los 10 mil millones de pesetas y que seguirá creciendo, ya que el equipo de gobierno del PP son unos pésimos gestores".

Anunció que "asesorados por los servicios jurídicos del PSOE, van a recurrir el presupuesto y se va a pedir la suspensión cautelar del mismo, ya que es la única forma que hay para poder parar todos estos desmanes".

Recalcó que "a pesar de la desastrosa situación del Ayuntamiento hay personas, muy de la confianza del PP, que están ganando al año más de 100.000 Euros y esto no es sensato ni razonable".

Aseguró que "además, el candidato del PP a la alcaldía en las próximas elecciones, está utilizando los recursos del Ayuntamiento para hacer campaña a su favor, lo que es deleznable".

Dijo que "desde el PP se ha contestado a estas declaraciones intentando lanzar una cortina de humo para confundir a los ciudadanos, sin rebatir ni uno solo de los argumentos planteados por el grupo socialista".

"Incluso, en las declaraciones que hizo al respecto el concejal de deportes, el Sr. Valverde Reina, se contradice ya que hablando de la tan manida deuda que el PSOE dejó en la anterior legislatura, primero habló de 21 millones de euros para luego cifrarla en 24. Además estos datos contrastan con las cifras de la famosa auditoria hecha a dedo por el PP que nunca se llevó a pleno, que hablaban de una deuda de 18 millones de Euros dejada por el anterior equipo de gobierno", añadió.

Terminó diciendo que "una vez más, y van 15, el PSOE propone al equipo de gobierno popular que las cuentas del Ayuntamiento desde el año 1999 hasta ahora, sean auditadas por el Tribunal de Cuentas del Reino de España, a lo que sospechosa y sorprendentemente se niegan los ediles populares".