El Pleno aprobó ayer, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE e IU, el Plan Económico-Financiero 2007/2011 del Ayuntamiento de Totana, que será el elemento vertebrador de las políticas económicas, fiscales, presupuestarias y financieras para esta legislatura, y que prevé la congelación de impuestos y el control del gasto corriente y de personal.

El alcalde, José Martínez Andreo, el portavoz del Gobierno municipal, José Antonio Valverde, y el concejal de Hacienda y Contratación, Bartolomé Pallarés, dieron cuenta de las principales medidas y objetivos que abarca este documento y cuyo objetivo último es alcanzar la consecución progresiva del equilibrio presupuestario, que es una condición imprescindible para lograr la estabilidad económica y el crecimiento sostenible de Totana.

El primer edil recordó que los tres pilares de su acción de gobierno se sustentan en la presente legislatura se sustentan en tres planes: el de infraestructuras y servicios, estratégico local y el citado económico-financiero, con los que se pretende llevar a cabo una acción transparente y equilibrada.

Entre las medidas más importantes expuestas por el edil de Hacienda y que recoge este ambicioso plan, que viene a dar respuesta a numerosos compromisos electorales del Gobierno local en esta materia, destacan la rebaja del tipo impositivo del IBI urbano, las subvenciones al IBI rústico, la congelación fiscal, las ayudas a familias numerosas y la contención de los gastos corrientes y de personal.

Además, el documento, que responde a un compromiso fiel de trabajar de forma estratégica y planificada, fija medidas que se aplicarán de la situación económico-financiera que se ha heredado de anteriores legislaturas y que establece una “preocupante” situación actual de liquidez de 13 millones de euros y un endeudamiento real de 41,3 millones de euros aproximadamente.

En este sentido, el alcalde dijo que partiendo de esta auditoría interna de las cuentas municipales la situación es “esperanzadora”, ya que, están pendientes de ingresar en las arcas municipales 55 millones de euros procedentes de los convenios urbanísticos de los 85 reconocidos –ya se ingresaron 30-, y que se cobrarán coincidiendo con la aprobación definitiva del PGOU.

Martínez Andreo informó que para solucionar los problemas de liquidez se va a realizar una operación financiera a largo plazo por importe de 14 millones de euros que permitirá afrontar esta situación de aplicación de las medidas globales del plan económico-financiero hasta aproximarse al equilibrio presupuestario.

El alcalde reiteró su compromiso anual de dar cuenta a los vecinos de Totana del estado de ejecución presupuestaria y hacer balance de su gestión.

Por su parte, el portavoz municipal lamentó que los grupos de la oposición no hayan realizado ninguna aportación o propuesta a dicho proyecto de igual forma que hicieron y apoyaron con la estructura política y administrativa del Consistorio para los próximos años, aunque les invitó a que colaboren y participen.

Valverde Reina subrayó el empeño del actual Gobierno de sacar adelante los asuntos importantes de interés general “en consenso y con la participación de todos los grupos políticos” porque, según dijo, con este plan estratégico no se beneficia ningún partido, sino que se sientan las bases del presente y futuro funcionamiento económico-financiero del Ayuntamiento, gobierne quien gobierne.

Principales medidas de ahorro

El alcalde y el concejal de Hacienda desmenuzaron algunas de las medidas del plan que se refieren básicamente al ahorro a través de la contención del gasto de personal y corriente –fijándose un tope máximo de crecimiento-, la rebaja del tipo impositivo del IBI urbano del 20% en 4 años a sazón del 5% anual, y la subvención del IBI rústico para ayudar a agricultores y pequeños propietarios.

También se contemplan otras medidas como la congelación fiscal –no van a subir los impuestos y tasas municipales por encima del IPC- y las o1rientadas a las familias numerosas como pueden ser bonificaciones suplementarias en el IBI urbano.

Asimismo, se establece un procedimiento para organizar actividades, iniciativas o programas por el que las Concejalías sólo podrán desarrollar aquellas que tengan financiación suficiente y una Oficina Central de Compras que racionalizará las compras a través de tarifas preferenciales y evitando la duplicidad de gastos.

Por último, entre otras medidas, se fija un procedimiento equilibrado y racional en la concesión de subvenciones que permitirá formalizar los procedimientos así como velar por el buen uso del dinero público y el impacto y función social de los diferentes proyectos.