El Pleno ha aprobado por unanimidad las dos propuestas presentadas por el Grupo Popular de Totana para instar al Ministerio de Justicia a resolver el conflicto laboral con los funcionarios de la Administración de Justicia, así como para el mantenimiento de las tarifas especiales para riego.
Con respecto a la primera de estas propuestas, el portavoz del Partido Popular, José Antonio Valverde Reina, ha asegurado que la presentación de esta iniciativa responde a que, tras todas estas semanas de huelga, se ha producido un colapso completo puesto que las actuaciones judiciales que esperan el fin del conflicto comienzan a apilarse y ya alcanzan los 5.300 juicios.
Por ello, se solicitará ante dicho Ministerio la elaboración de un Plan de Choque para solucionar el atasco administrativo en los juzgados de la Región de Murcia, puesto que se calcula que será necesario cerca de un año para poder volver a la normalidad en la tramitación de las actuaciones judiciales.
Así, el Grupo Popular ha reiterado que los funcionarios de la Administración de Justicia del Estado en la Región de Murcia llevan más de dos meses de huelga, debido a que solicitan un incremento en sus salarios de 200 euros para equiparar sus sueldos a los de los empleados que trabajan en el sector Justicia en las comunidades donde esa competencia ya está transferida.
Por último, han calificado esta situación como “insostenible”, ya que las víctimas son los ciudadanos usuarios de la administración de Justicia, y se repercute especialmente en el caso del Registro Civil, donde los ciudadanos de Totana y del resto de municipios de la Región de Murcia ya ni siquiera pueden inscribir nacimientos, matrimonios o defunciones, entre otros.
Por otra parte, en el caso de la segunda propuesta, el Pleno también ha aprobado solicitar al Ministerio de Industria y el de Agricultura a mantener las tarifas especiales de riego ante la grave crisis económica que atraviesa el sector agrícola y las reivindicaciones de las organizaciones agrarias.
Según el PP, con esta medida el Consistorio manifiesta públicamente el apoyo a las organizaciones agrarias y de regantes de demorar un año más las tarifas especiales para riego, visto que el Gobierno sigue con su proyecto de eliminarlas para el próximo 1 de julio de 2008, pese a que la preocupante falta de agua a buen seguro condicionará los riegos e incluso los hará inviables, y con una buena parte de las explotaciones agrarias en situación de grave crisis económica.