El PSOE de Totana exige a Valcárcel que se disculpe ante los concejales que acusaron a Juan Morales de favorecer a militantes del PP

La Audiencia Provincial considera que no se vulneró el derecho al honor del alcalde y que los ediles sólo actuaron “por un ánimo de crítica política”

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Totana, Andrés García Cánovas, mostró hoy su satisfacción por la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que revoca otra del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Totana, que declara que siete concejales socialistas no se entrometieron en el derecho al honor del entonces alcalde Juan Morales, cuando en septiembre de 2005 le acusaron de favorecer a militantes del PP al suministrar información privilegiada sobre la redacción el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

García Cánovas exigió en una rueda de prensa celebrada en la sede regional del PSRM-PSOE, en Murcia, que “el presidente de la Comunidad y del PP, Ramón Luis Valcárcel, nos debe una disculpa, ya durante la campaña electoral de las municipales, el PP basó su estrategia en desprestigiarnos e insultarnos”, defendiendo públicamente a Juan Morales y al actual alcalde José Martínez Andreo. “Estas disculpas las puede hacer públicamente, o al menos en privado, cuando nos reciba en el Palacio de San Esteban y responda a la petición de entrevista que le hemos hecho hace ya dos meses”.

La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, con fecha 16 de octubre de 2008, desestima la demanda que interpuso Juan Morales, obligándole al pago de las costas del total del proceso judicial, e indicando que “los demandados, integrantes del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Totana, actuaron movidos por un ánimo de crítica política, sin que lo afirmado estuviera desprovisto de fundamento o se hubiera formulado de mala fe”.

Convenio urbanístico

Según informan desde el PSOE, "los hechos se remontan a septiembre de 2005, cuando el PSOE de Totana distribuyó y difundió una información en la que se acusaba al entonces alcalde Juan Morales de favorecer a militantes de su partido, suministrándole información privilegiada sobre la redacción del Plan General de Ordenación Urbana. En concreto, una finca del paraje de Las Cabezuelas cuyo suelo estaba calificado como de protección paisajística y no urbanizable, y que tenía un valor de 46.939 euros en febrero de 1993, fue comprada el 4 de abril de 2006 por 12 millones de euros. Ese mismo día Juan Morales firmó un convenio urbanístico de planeamiento para clasificar como suelo urbanizable la referida finca con la empresa Inversiones Mursiya".

Al respecto, los tres magistrados de la Audiencia Provincial estiman en la sentencia que “las diversas operaciones de compraventa relacionadas con la finca de referencia permiten imaginar o entender que hubiera existido un trato de favor a personas próximas al Señor Morales, quien por otra parte, como es de dominio público, se encuentra actualmente implicado en unas diligencias penales conocidas como caso Tótem”.

La sentencia concluye indicando que “las manifestaciones de los demandados no supusieron intromisión en el honor del actor, que en aquella época era Alcalde de Totana, dada la trascendencia pública del asunto, la relación de los hechos con el desempeño de un cargo público de máxima relevancia en el municipio y la veracidad de los hechos denunciados”.

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