La Concejalía de Bienestar Social y Participación Ciudadana presentará una moción al Pleno de este mes de mayo, para que el Ayuntamiento de Totana muestre su rechazo a las medidas planteadas por el Gobierno para reducir el déficit público por constituir dicha medida evidentes recortes de derechos sociales que perjudican especialmente a las personas y colectivos más vulnerables de nuestra sociedad.

Asimismo, a través de esta propuesta se pretende exigir la rectificación de estas medidas y recortes así como la potenciación del apoyo económico que el Gobierno debe prestar a los ayuntamientos en estos momentos de crisis económica para atender especialmente las necesidades de los colectivos y personas más desfavorecidas.

De la misma manera, se instará al Gobierno de España a desarrollar políticas de ahorro del gasto público que se ajusten a criterios de igualdad, redistribución, equidad, proporcionalidad y justicia social dada la difícil situación en que se encuentran muchas personas y familias.

En este sentido, el concejal de Bienestar Social y Participación Ciudadana, Juan Carrión, ha recordado el catálogo de medidas presentadas por el presidente del Gobierno para conseguir que el Estado ahorre 15.000 de euros en 2010 y 2011 tal como han impuesto los mercados y la Unión Europea ante el desorbitado déficit que presenta nuestro país.

Entre estas medidas se encuentran la congelación de las pensiones en 2011, la eliminación del cheque-bebé, la eliminación de la retroactividad de la ayuda a la dependencia, la reducción del número de jubilaciones anticipadas, rebaja del sueldo de los funcionarios y/o la reducción en la ayuda oficial al desarrollo

De esta manera, manifestó que “aunque la gravedad de la situación que atravesamos exija la adopción de medidas urgentes, resulta injusto que los ciudadanos y los sectores más vulnerables de la sociedad como los mayores, pensionistas, dependientes, tengan que acarrear y responsabilizarse en estos momentos de la inoperancia y la falta de eficacia del gobierno central a la hora de poner en marcha políticas de acción pública”

Por ello, señaló que “la implantación de estas medidas resulta superficial, insuficiente y desproporcionada para atajar los problemas que padece nuestro país, cuya solución pasa inexorablemente por el aumento de la producción y el empleo”.

Además, explicó que “estos recortes sociales tendrán un efecto claro en el incremento de la problemática social y las necesidades de apoyo económico que los ciudadanos vienen demandando en gran medida sobre todo a los ayuntamientos como la administración pública más cercana”.

El edil destacó que la administración local se encuentra doblemente perjudicada en este caso ya que, al aumento de población que acude a los servicios sociales municipales hay que unir el recorte de financiación que está previsto aplicar a los municipios por este gobierno (1200 millones de euros), lo que “sin duda deja en una situación crítica a estas entidades”.

Por último, indicó que “resulta evidente que el Gobierno ha incumplido los compromisos para las administraciones públicas y el diálogo social y leyes como la de garantizar que las pensiones se revaloricen”.