El Grupo Municipal Popular, a través de una moción que será presentada en el pleno del mes de julio, exigirá que se reforme la Ley del Menor para que se protejan más a las víctimas de los delitos más graves provocados por menores y que se cree un estatuto de los derechos de las víctimas y un registro de pederastas.

A través de la moción del PP se insta a que se impulse una reforma del Código Penal y de la Ley del Menor trabajando sobre la base de promover un endurecimiento de las penas para los delitos más graves, así como exigir que sea efectivo el cumplimiento íntegro de las mismas, que ahora está en vigor sólo para el caso del terrorismo.

Así, el PP totanero exige al Gobierno de la Nación que avance, mediante una Proposición no de Ley, hacia el cumplimiento íntegro de las penas en los delitos más graves y especialmente en los delitos cometidos contra personas especialmente vulnerables, estableciendo un Estatuto de Derechos de las Víctimas de Delitos.

Además, se pedirá que se endurezcan las penas en los delitos de pederastia y otros delitos más graves de idéntica naturaleza, y se pedirá que se cree un Registro de Pederastas, y que se agraven las penas que se deben imponer a los adultos que utilizan o se sirven de menores para la comisión de un delito.

Asimismo, el PP exigirá que se establezcan medidas para que los menores de 12 a 14 años responsables de delitos graves se sometan a planes e itinerarios de reeducación.

La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Josefa María Sánchez Méndez, ha explicado que el Gobierno de la Nación rechazó el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, a propuesta del PP, en la que solicitaba una reforma del Código Penal para que se aumentaran las penas en delitos de especial gravedad y sin justificación aparente, como fue el caso de desapariciones o asesinatos de jóvenes como las niñas del “Caso Alcàsser”, Marta del Castillo, Sandro Palo,  u otros numerosos sucesos que provocaron una gran alarma en la sociedad española.

La edil popular ha indicado que ante el incremento de este tipo de delitos de especial gravedad sin ninguna motivación, es necesaria una revisión completa de las penas a imponer y de los límites de cumplimiento de las condenas.

Por este motivo, según Sánchez Méndez, se debe estudiar de forma urgente la reforma del Código Penal y de la Ley del Menor trabajando sobre la base de promover un endurecimiento de las penas para los delitos más graves, en líneas generales, así como exigir que sea efectivo el cumplimiento íntegro de las mismas, que ahora está en vigor sólo para el caso del terrorismo.

En este sentido, recuerda que la proposición no de ley del PP iba destinada, en su día, a conseguir una elevación sustantiva de las penas y una revisión de los límites de cumplimiento, con el fin de avanzar hacia el cumplimiento íntegro de la condenas dentro de los límites permitidos por la Constitución.

Al igual que se hizo con la reforma del Código Penal relativa a los delitos de terrorismo o pederastia, también en el caso de estos delitos de especial gravedad, sería necesario dar un paso más y revisar los límites marcados para el cumplimiento de las condenas siempre en el marco constitucional.

La Portavoz del Grupo Municipal Popular ha explicado que el Congreso de los Diputados ya sacó adelante una propuesta similar para elevar las penas por abusos sexuales a menores, que salió adelante con el apoyo de todas las fuerzas políticas, dando respuesta a una demanda social a todas luces necesaria.

Así, la edil ha indicado que “el Gobierno de la Nación debe continuar dando pasos para que haya un cumplimiento severo de las condenas con las que están penados delitos como el asesinato de niños, cuyas reformas del Código Penal deben estar inspiradas en la Constitución”.

Con todo, ha manifestado que “para los delitos más graves debería haber una evaluación previa, antes de la excarcelación, que certifique que puede producirse su reinserción sin que suponga un peligro para la sociedad, de forma que son necesarias condenas mucho más rigurosas que se cumplan en su integridad y que el delincuente permanezca en prisión  hasta que no sea acreditada de verdad la rehabilitación que busca la Constitución”.

En relación a e esto, Sánchez Méndez ha explicado que es inadmisible que la Ley proteja al menor sólo cuando es el delincuente pero no cuando es la víctima; “por lo que para acabar con la desatención y el abandono que sufren muchas víctimas a lo largo del proceso, los delincuentes no pueden tener más derechos que las víctimas”.