La Concejalía de Vivienda de Totana va a elevar una moción al próximo pleno ordinario de septiembre en la que pretende mostrar el rechazo institucional de este Ayuntamiento a los recortes de las ayudas públicas a Viviendas de Protección Oficial (VPO) anunciados por el Gobierno de la Nación en el marco del Plan de Vivienda 2009/2012.

La edil del ramo, María José Bedia, ha explicado que la propuesta pretende evitar que desaparezca la ayuda para pagar la entrada de las VPO por las pésimas consecuencias que va a tener sobre los sectores productivos implicados y el conjunto de la sociedad en general.

El Consistorio totanero se adherirá y apoyará todas las manifestaciones públicas, movilizaciones y reivindicaciones de rechazo promovidas por las organizaciones de promotores y colegios profesionales de la Región de Murcia en contra de las medidas antisociales, hostiles e insolidarias anunciadas por el Ministerio de Vivienda.

Según explicó la edil, el Ayuntamiento totanero va a solicitar, de igual modo, el apoyo de las principales organizaciones sindicales del sector UGT y CCOO en las reivindicaciones ante el Gobierno por la pérdida de miles de empleos directos e indirectos que acarrea la eliminación de las ayudas a promociones de VPO en diferentes sectores productivos.

Bedia recordó que esta iniciativa surge ante el malestar y rechazo público provocado por esta medida por las asociaciones patronales y organizaciones profesionales vinculadas al sector de la construcción, de igual forma que la mayoría de los colegios profesionales de la Región de Murcia que trabajan habitualmente con este sector productivo.

La medida que más afecta a los compradores de VPO es la eliminación a partir del 1 de enero del año que viene de la ayuda directa al pago de la entrada para la adquisición de una vivienda nueva, lo que se ha convertido en nuevo "decretazo" del Gobierno de la Nación.

Según los cálculos estimativos realizados por las organizaciones y asociaciones económicas y sociales murcianas, se perderán más de 10.000 empleos directos e indirectos en la Región y dificultará el acceso a la vivienda a unas 5.000 familias en el período 2010/2012, lo que supone un retroceso social y económico sin precedentes más en esta época de crisis.

La concejal también señaló que, con esta decisión, se vuelve a penalizar a los colectivos que tienen menos recursos para acceder a la vivienda, fundamentalmente los jóvenes, discapacitados, desempleados, familias numerosas y ciudadanos con menor renta.

Además, dijo que este recorte en las ayudas a la vivienda protegida, conocido ya como "tijeretazo a la VPO", vulnera los principios de justicia social y equidad, y supone la destrucción de un pilar básico del Estado de Bienestar, como es el derecho a la vivienda.

Advirtió que las consecuencias sobre la VPO, que se había convertido a pesar de la crisis en el único refugio de la construcción, no sólo las van a pagar los constructores, promotores y sectores profesionales relacionados con este sector, sino también de forma directa las empresas, los trabajadores y las familias con menos posibilidades de acceder a la vivienda.