El diputado regional, Antonio Urbina, ha señalado que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debe poner a disposición del Ayuntamiento el apoyo de los servicios de intervención así como los servicios jurídicos para conocer el origen de la deuda acumulada
Urbina se ha entrevistado este martes con el alcalde de Totana, Juan José Cánovas Cánovas, encuentro en el que el parlamentario de Podemos le ha trasladado la propuesta de hacer una auditoría de la deuda, con especial atención al origen de la misma. Los resultados, según Urbina "deben hacerse públicos, para que la población tenga conocimiento de la nefasta gestión de los últimos años que han llevado al ayuntamiento a una situación próxima a la quiebra que todos queremos evitar".
Urbina ha explicado que la iniciativa de Podemos en la Asamblea regional, que ha sido bien acogida por el alcalde, también insta a que se considere la posibilidad de destinar parte de los ingresos extraordinarios provenientes del Fondo de Liquidez Autonómica para que el Ayuntamiento de Totana "pueda refinanciar parte de su deuda, idealmente obteniendo intereses próximos a cero y algún año de carencia, tal y como habilitan las instrucciones de aplicación del FLA aprobadas el 15 de marzo de 2016 por el Consejo de Gobierno".
Por su parte, Óscar Urralburu ha afirmado respecto al modelo de gestión del servicio de agua, que Podemos apuesta por el Pacto Social por el Agua, firmado por el PSOE, Izquierda Unida y Podemos antes de la campaña electoral. Este Pacto, ha dicho Urralburu, "garantiza que existe un proceso de remunicipalización de los servicios de gestión integral del agua. Es importante porque la privatización de los servicios públicos municipales siempre acaban convirtiéndose en una losa para las propias arcas públicas".
El portavoz parlamentario de Podemos ha incidido en que "la gestión del suministro urbano del agua se debe basar en un modelo público, transparente y participativo. Por ello, rechazamos los procesos de privatización de los servicios municipales de agua por ser un modelo más gravoso para el ciudadano, medioambientalmente insostenible, escasamente transparente, excluyente y que a la larga provoca una absoluta pérdida de control por parte de las administraciones públicas".