Las movilizaciones contra las macrogranjas y sus impactos ha sido una constante en la región.
Se han producido movilizaciones contra las macrogranjas en Yecla, Jumilla, Lorca, Cehegín, Caravaca y Cieza denunciando los impactos ambientales de los purines y las emisiones de las granjas porcinas.
Estas nuevas macrogranjas contribuirán al crecimiento insostenible y la proliferación caótica de estas instalaciones, incrementando el impacto ambiental sobre el territorio. Se hace necesaria establecer una moratoria en el ámbito regional para este tipo de instalaciones porcinas y sus ampliaciones.
Ecologistas en Acción han presentado ante la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura alegaciones a dos macrogranjas de porcino en Lorca (5.480 cerdos en Torrealvilla y 2.400 cerdas reproductoras en Ramonete), una en Totana (hasta 4000 cerdos en Raiguero) y otra en Caravaca (1.206 cerdas reproductoras en Moralejo).
El término macrogranja se refiere a las instalaciones con más de 2.000 cerdos de cebo de más de 30 kilos o de más de 750 cerdas, que tienen que comunicar sus emisiones anuales (registro PRTR) y disponer de una Autorización Ambiental Integrada (AAI). Los impactos en los suelos, en las aguas, en el subsuelo y en la atmosfera son significativos en la región murciana; además de los consumos de agua en una época de sequía estructural como la que sufre nuestra región. El número de animales de porcino blanco en Murcia alcanzó en mayo de 2022, los 2,2 millones, superando en 149.123 cabezas los datos de 2020, siendo un 7 % más 1.
Murcia es la tercera provincia en número de macrogranjas (después de Lleida y Huesca) con 20 municipios con al menos una macrogranja, un 44’44 % de porcentaje del total de municipios. Entre los 40 municipios con mayor número de macrogranjas en España se encuentra Fuente Álamo, con 23 macrogranjas de porcino de cebo y 7 de madres reproductoras, Lorca con 40 de porcino de cebo y 10 de madres reproductoras y Alhama de Murcia, con 9 de porcino de cebo y 5 de madres reproductoras.
Las emisiones procedentes de la ganadería porcina son una fuente de contaminación atmosférica (metano y amoniaco), pero también los purines que pueden llegar a contaminar suelos y acuíferos. El 92 % de las emisiones de amoníaco en España son originadas por la ganadería industrial y siguen aumentando, al contrario que el resto de Europa. La Comisión Europea ha denunciado reiteradamente a España por exceder sus emisiones de amoniaco un 39 % sobre el umbral establecido. Otro problema son los acuíferos que han sido declarados oficialmente en riesgo por la alta contaminación por nitratos. La declaración de alto riesgo afecta ya de hecho no solo a la comarca del Mar Menor, sino también al Bajo Quípar, Bullas, Caravaca y Mula. Estas instalaciones en muchos casos sobredimensionan el consumo de agua o no aclaran como van a cubrir las necesidades de dicho recurso.
Es necesario un control exhaustivo del funcionamiento, los posibles vertidos y residuos y los consumos de aguas de estas instalaciones. Sin embargo, el Plan de Inspección publicado por la Consejería de Medio Ambiente cifra en 500 las actuaciones previstas para el periodo 2022-2024, un número ridículo que lo convierte en inoperante y establece también inspecciones con aviso previo, que tienen muy poca o ninguna utilidad.
Las movilizaciones contra las macrogranjas y sus impactos ha sido una constante en nuestra región. Se han producido movilizaciones contra las macrogranjas en Yecla, Jumilla, Lorca, Cehegín, Caravaca y Cieza denunciando los impactos ambientales de los purines y las emisiones de las granjas porcinas. Se necesita un giro radical de las instituciones públicas, una crítica rigurosa a la demagogia de una parte del sector ganadero industrial y la apuesta por otro modelo sostenible de ganadería extensiva.