Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra la formación política VOX por la presunta comisión de un delito de odio, tipificado en el artículo 510 del Código Penal. La denuncia, interpuesta en representación del coordinador regional de IU, José Luis Álvarez Castellanos, señala diversas acciones y manifestaciones realizadas por miembros de VOX que, según la formación de izquierdas, fomentan la discriminación, la hostilidad y la violencia contra colectivos vulnerables, en particular las personas migrantes y las mujeres.
Entre los hechos denunciados, IU destaca la distribución de folletos con mensajes de contenido xenófobo y racista por parte de VOX en varios municipios murcianos. El 11 de enero de 2025, en Alhama de Murcia, se repartieron panfletos con frases como «Extreme la precaución en esta zona. Partido Popular y Partido Socialista están repartiendo ilegales aquí». Del mismo modo, en Cartagena, los días 18 y 19 de enero de 2025, la formación desplegó propaganda con el lema “El reparto de ilegales”, lo que, a juicio de IU, criminaliza a la población migrante y genera alarma social.
Otro episodio señalado en la denuncia tuvo lugar el pasado 19 de febrero en el mercado semanal de Totana, donde miembros de VOX, incluyendo el diputado regional Ignacio Arcas y el portavoz local Marcos Cano, participaron en un acto de difusión de panfletos con mensajes similares.
Además, la denuncia también hace referencia a la sede regional de VOX en Murcia, donde se mantiene visible propaganda con contenido de odio, y a un vídeo difundido en redes sociales por el teniente de alcalde de Molina de Segura, Antonio Martínez Sánchez (VOX), en el que se vierten mensajes racistas y misóginos.
Izquierda Unida argumenta que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de odio conforme al Código Penal y solicita a la Fiscalía que inicie las diligencias oportunas para investigar los hechos y, en su caso, ejercer la acción penal contra los responsables.
Desde IU han subrayado que este tipo de discursos «atentan contra la dignidad de las personas y no pueden quedar impunes en una sociedad democrática». Asimismo, han instado a las instituciones públicas a actuar con contundencia para frenar la proliferación de mensajes que inciten a la discriminación y el odio.