Lo ocurrido en las últimas semanas en nuestra región es grave, muy grave. Me decía un amigo que esto de la moción de censura y lo que pasó después es cosa de los políticos. Si y no. Es verdad que para la mayoría de la ciudadanía pasó desapercibido o se recibió como una riña más entre políticos, pero sus consecuencias transcienden a la disputa política y afectan al funcionamiento de nuestra democracia. De hecho, los acontecimientos que han trascurrido, a raíz de la presentación de la moción de censura, han alterado la representación popular en la Asamblea Regional.

Intentaré explicarlo de forma sencilla. En la Asamblea Regional esta representada la voluntad popular, es decir lo que voto la ciudadanía en mayo de 2019. En aquel momento, los hombres y mujeres de la Región de Murcia decidimos que el PSOE tuviese 17 diputadas y diputados, el PP 16, Ciudadanos 6, Vox 4 y Podemos 2. Estas 45 diputadas y diputados los elegimos a través de los partidos políticos, tal y como establece la Constitución Española. Ellas y ellos son los que eligen al presidente del gobierno regional, entre los 45.

La moción de censura es un instrumento democrático, recogido en nuestra legislación, que se usa en el caso de que se pretenda cambiar la presidencia del gobierno. Para ello es necesario que la mitad más uno de los 45 diputadas y diputados se pongan de acuerdo, que es exactamente lo que pasó. El partido de Ciudadanos, que al principio de la legislatura acordó formar gobierno con el PP, ante los incumplimientos de los acuerdos firmados y lo ocurrido con la vacunación de miles de personas saltándose los protocolos, decidió presentar con el PSOE una moción de censura para elegir a una nueva presidenta y que esta eligiese a un nuevo gobierno regional formado por PSOE y Ciudadanos.

Previamente el partido de Ciudadanos convocó a sus 6 diputadas y diputados que dieron el visto bueno y firmaron la moción de censura, al igual que hicimos las 17 diputadas y diputados del PSOE, 23 en total. Es decir, mayoría absoluta. Todo habría trascurrido con absoluta normalidad democrática, de no ser porque el PP utilizó malas artes para evitar salir del gobierno regional tras 26 años en el poder. Ofreció a las dos diputadas y al diputado de Ciudadanos ser consejeras y consejero de un gobierno del PP a cambio de romper su compromiso y votar en contra de la moción de censura.

Llegados a este punto conviene explicar que todos los partidos políticos, excepto la ultraderecha de Vox, firmaron en noviembre un pacto comprometiéndose a no aceptar los votos de los diputadas y diputados que por razones justificadas fuesen expulsados de su partido. En aquel pacto se acordó que una diputada o diputado que es expulsado de su partido y no deja su acta, es considerado tránsfuga. Además, que el transfuguismo tendría la consideración de corrupción política.

Pues bien, el PP faltó a lo pactado y compró el voto de dos diputadas y un diputado de Ciudadanos que fueron expulsados de su partido, con carácter inmediato. Dos diputadas y un diputado que habían dado su consentimiento con su firma a la moción de censura.

Por tanto, tenemos un gobierno regional montado sobre los incumplimientos del PP y de los tránsfugas de sus compromisos, los primeros con el resto de partidos y los segundos con sus compañeros de partido. Un gobierno sin legitimidad democrática, ya que los tránsfugas traicionaron el voto que le depositaron miles de electores a cambio de un cargo.

La votación de la moción de censura desencadenó una serie de acontecimientos amparados en una mayoría parlamentaria ilegítima, que han concluido con el secuestro de la Asamblea Regional por parte del gobierno regional. Lo que sin duda es el mayor atentando a la democracia representativa en nuestra región, que según la Constitución Española ostentan los partidos políticos.

Circunscribir lo que ha pasado y está pasando a una mera rencilla entre políticos es simplificar un problema que afecta a la esencia de nuestra convivencia. La ciudadanía no puede quedarse al margen de estos asuntos, porque si damos normalidad democrática a lo que es anormal estaremos cometiendo un grave error. 

Alfonso Martínez Baños
Viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista