"antes de intentar que el Parque sea candidato a que se le reconozca una calidad, excelencia y sostenibilidad de la que carece"
Una veintena de organizaciones de propietarios, empresarios y vecinos del interior y entorno del Parque de Sierra Espuña, con ámbito de actuación en Alhama, Pliego, Mula, Librilla, Aledo, Totana y Lorca, suscribieron al final de la pasada semana un manifiesto, que han remitido a las Consejerías de Medio Ambiente y Turismo, a los Alcaldes de la zona, así como a otras entidades afectadas, en el que plantean como slogan que: “¡No puede haber ni Parque Modelo, ni turismo sostenible, ni reserva de caza sostenible ni desarrollo sostenible; a costa de incumplir la Ley y hacer desaparecer la agricultura y ganadería tradicionales y expropiar e ignorar los derechos de los propietarios privados del Parque y su entorno durante los últimos 17 años!”
En la introducción se afirma que todos los representantes de las organizaciones firmantes consideran a Sierra Espuña como una seña de identidad y un símbolo de arraigo y orgullo para todos los que viven en su entorno.
Según se expone en el citado manifiesto la Administración Regional lleva ya 17 años incumpliendo la legislación específica del Parque de Sierra Espuña y su entorno, que prevén, entre otras muchos planes y programas y compensaciones, un plan de actuación socio-económico (PAS) que originariamente tenía previsto, a final de la década de los 90, invertir más de mil millones de las antiguas pesetas. Pero según se afirma en el manifiesto este y otros muchos planes se han quedado en papel mojado.
Según afirman, los derechos, los compromisos y los programas de promoción socio-económica del Parque de Sierra Espuña y los propietarios y vecinos de todo su entorno territorial, no se han ejecutado y han sufrido una evidente paralización. Pero no ha ocurrido igual con las limitaciones y expropiaciones del ejercicio de los derechos de los propietarios y vecinos del Parque y su entorno, que se aplican con total rigor. E incluso, según denuncian, se pretende hacer una ampliación encubierta del Parque en todo su perímetro a través de franjas de amortiguación y corredores ecológicos, a la vez que se pretende que se soporte que la fauna protegida del arruí haya aumentado respectivamente entre el 500% y 5.000% sobre el máximo legal establecido, provocando efectos devastadores en los cultivos agrícolas del interior y el entorno del Parque; daños que se extienden hasta varias decenas de kilómetros del Parque, y a prácticamente toda la Región de Murcia, hasta su límite con Almería.
Los firmantes del manifiesto solicitan a las autoridades ambientales, al Consejero de Presidencia y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma y a los Alcaldes de la zona que, ante todo, se cumpla la Ley, y las promesas y compromisos de la legislación de 1995. Y que se realice un informe sobre la compatibilidad del Parque y la Reserva que tenía que haberse presentado ya hace 13 años, a la vez que se declare al arruí especie exótica, invasora y depredadora y se proceda a su extinción en toda la Región de Murcia.
También se pide en el manifiesto que mientras tanto se elimina el arruí se indemnice por la Comunidad Autónoma a los numerosos propietarios de fincas, por los daños producidos por el arruí y el jabalí en el pasado.
También se pide en el manifiesto que se suspenda la tramitación de cualquier expediente de solicitud concesión a Sierra Espuña del título del Parque o Bosque Modelo, así como que se retire la candidatura del Parque de Sierra Espuña para la obtención de la Carta Europea de Turismo Sostenible,” porque no se puede aspirar a que se reconozca una calidad y una excelencia de la que se carece cuando se incumple de forma continua y grave la Ley.”
Por último los firmantes del manifiesto plantean serias “dudas de que la Mancomunidad de Municipios Turísticos de Sierra Espuña tenga justificada su continuidad”.
Los firmantes del manifiesto facultan ampliamente a FAPEN para que desarrolle en su nombre, todo tipo de acciones y actuaciones ante entes públicos o privados, facultándole incluso para actuar ante los Tribunales, en caso de que esas graves irregularidades e ilegalidades no se corrijan de inmediato.