El Gobierno del Partido Popular ha aprobado por Real Decreto Ley 8/2014, la atribución de la gestión de los Registros Civiles a los Registradores Mercantiles a partir de 2016.

Esto conlleva que el Registro Civil dejará de ser un servicio público y pasará a ser un negocio privado de los Registradores Mercantiles. Implica, además, el desperdicio del conocimiento y experiencia de los funcionarios de Justicia, y tirar por la borda los 129 millones de euros que el Ministerio de Justicia ha gastado en la información y digitalización de los Registros Civiles para agilizar la expedición de partidas imprescindibles para el ciudadano.

Por otro lado, los datos privados de millones de ciudadanos estarán en manos de personas que no son funcionarios públicos ni sujetos a sus deberes y obligaciones.

Aun cuando el Real Decreto afirma que todo seguirá siendo gratuito, finalmente habrá que pagar por realizar cualquier trámite, ya que las instalaciones, el Registrador, las nóminas de su personal, se sufragarán con los aranceles que pagaremos todos los necesitemos sus servicios.

Así, ya se están barajando costes de inscripción por nacimiento, matrimonio o defunción sobre los 50 euros cada una de ellas, y el pago entre 20 y 25 euros por cada certificación o partida de los mismos.

Los expedientes de Registro Civil (matrimonio civil, nacionalidad, etc) pasarán a ser competencia de los Notarios, que cobrarán por dichos trámites, estimándose costes de más de 100 euros por cada uno de los citados expedientes.

Los totaneros comenzaremos a notar los efectos de esta privatización a partir del próximo año. Pagaremos todavía más por nacer, legalizar una relación, cualquier anotación marginal sobre incapacidad, morir…

El Grupo Parlamentario de Izquierda Plural, ha rechazado en el Parlamento la privatización de los Registros Civiles que suponen un desmantelamiento de los servicios públicos gratuitos y otra vuelta de tuerca en la presión sobre los ciudadanos.