La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, sumándose a las manifestaciones que desde diferentes sectores sociales y políticos se han realizado, expresa su más firme oposición a la comarcalización del Juzgado de Violencia sobre la Mujer que se propone desde el TSJ de Murcia "y que supondría la desaparición del existente en San Javier, que atiende a las localidades de San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Torre Pacheco y su traslado a Cartagena". "Igualmente, hacemos extensivo nuestro rechazo a la propuesta de comarcalización, por los mismos motivos, de los Juzgados de Violencia de Totana y Molina de Segura, que se prevé sean atendidos por los Juzgados de Violencia ya existentes en Lorca y Murcia, respectivamente", aseguran en un comunicado.
"No compartimos que las mujeres víctimas de violencia machista, y sus hijos, en las condiciones de especial vulnerabilidad que se producen cuando existe violencia de género, se vean obligadas a trasladarse a otra localidad ajena a su domicilio cuando lo que precisan es una justicia próxima que les ampare y proteja, y lo más cerca posible de sus domicilios, familia y personas de quienes puedan recibir apoyo. Y, de la misma forma, necesitan que todos los servicios y atenciones que se prestan por los organismos públicos, además de esa esencial cercanía, estén dotados suficientemente para que la atención sea inmediata y no haya demora en la respuesta judicial, tanto en el aspecto punitivo como en las medidas de asistencia y protección a la víctima".
"Cuando el TSJ de Murcia plantea ese traslado se está basando en criterios estadísticos relativos a la supuestamente escasa carga de trabajo de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Cartagena, de Lorca y de Murcia cuando, en la realidad, es que se trata de Juzgados que están muy cerca en el tiempo la posibilidad del colapso en su funcionamiento por haberse incrementado el número de casos de violencia de género, a la par que se ha incorporado la tramitación de otros muchos asuntos relacionados como los delitos de quebrantamiento de condena, acoso, etc".
"La estadística no puede ser motivo para que la Justicia se aleje en el momento en que más cerca debe estar de la víctima".
"Consideramos que los esfuerzos de las diferentes Administraciones deben ir dirigidos a una actividad eficaz de prevención de estos supuestos de violencia sobre la mujer y, dado el caso, prestar una asistencia judicial inmediata y cercana, dando cobertura no sólo jurídica sino también de educación y asistencial ya que, por ejemplo, no existe en varias de las localidades indicadas ni casas de acogida ni puntos de encuentro. Por ello, desde esta Corporación, exhortamos a todas las autoridades para que mantengan una actitud de acogimiento y cercanía con el sentimiento social de rechazo de la violencia sobre la mujer y su necesidad de atención y protección en estos casos".