Numerosos productores y conocedores del incumplimiento de los contratos de compraventa de pimiento para pimentón de la pasada campaña 2022-2023, han comunicado a los dirigentes de la Cofradía del Pimentón de Murcia, que varios industriales pimentoneros y responsables de secaderos e intermediarios y supuestos representantes de los agricultores pimentoneros, han participado muy activamente o hecho de corredores, en el último año, de numerosos tratos o contratos de compraventa de pimiento de pimentón entre productores e industriales.
Contratos que, no sólo no cumplirían la normativa legal establecida a nivel nacional por el Ministerio de Agricultura -que exige una serie de requisitos formales y el registro de estos y el pago en el PLAZO MAXIMO DE DOS MESES- de numerosos contratos sobre los que recaería la presunta ilegalidad de su no suscripción, con sus requisitos formales y registro público.
Compraventas en las que incluso parece que también se habrían incumplido, en muchos casos, los plazos máximos de pago legalmente establecidos.
Pero lo más grave para la Cofradía del Pimentón de Murcia seria que, parece que aún pudiese haber pendientes de pago algunas decenas de posibles compras desde la pasada campaña 2022, que ascenderían a varios cientos de miles de euros.
Temen desde la Cofradía del Pimentón que esta grave situación de posibles numerosos impagados de pimiento de pimentón de la pasada campaña 2022,podría agudizar el grave descenso de la cosecha de pimiento seco de 2023,de cara a desincentivar a los productores para la próxima plantación y posible cosecha de 2024.Lo que tendría una posible incidencia muy negativa en aumentar, aún más, el ya disparatado porcentaje y datos de que, según las estadísticas oficiales de los últimos años, más del 96% del pimiento para pimentón que se vende y exporta desde la Región de Murcia (44 de cada 45 kg), tendría su origen en la importación de pimiento de origen casi totalmente de China, siendo sólo el otro escaso 4% (solo 1 de cada 45kg), de producción regional.
Aunque lo más sorprendente para los dirigentes de la Cofradía del Pimentón de Murcia, sería que varios de los industriales de secaderos y molinos de pimentón e intermediarios que han participado en algunas de esas compraventas -que no solo habrían incumplido la legislación vigente sino que estarían aún impagadas- serían algunos de los principales promotores de la reciente Feria regional del pimentón, celebrada en Totana el pasado mes de octubre, con el apoyo y participación relevante de la Denominación de Origen oficial del Pimentón de Murcia, (suspendida de reconocimiento por ENAC desde el pasado mes de julio, y a la que la Consejería de Agricultura parece que, según algún medio de comunicación regional, le habría terminado de dar “la puntilla”, al denegarle las ayudas de funcionamiento para la presente campaña 2023-2024); además de con el apoyo de algunas organizaciones agrarias y cooperativas vinculadas al sector del pimiento.
Personas y entidades todas conocedores y cómplices, directos o indirectos, de esas graves irregularidades, ilegalidades e impagados derivadas de numerosos contratos. Algunos de ellos, cuyo importe estaría impagado en torno a una campaña o muchos meses, en todo caso un periodo muy por encima de los dos meses de plazo máximo de pago establecido por la ley nacional de la cadena alimentaria.
La Cofradía del Pimentón de Murcia desconoce si algunas organizaciones agrarias e instituciones públicas regionales competentes, habrán informado de estas citadas posibles graves irregularidades e incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria, a la AICA (Agencia española de información y control alimentarios), dependiente del Ministerio de Agricultura, al igual que también depende de ese Ministerio ,desde el pasado mes de junio, la Denominación de Origen Protegida (DOP), Pimentón de Murcia; DOP de la que son dirigentes algunas de las personas intervinientes en muchos de los citados posibles tratos, contratos o graves irregularidades que, en otros sectores y ámbitos ,han provocado, en circunstancias similares, muy importantes sanciones económicas y exigencia de responsabilidades personales, a las personas físicas y jurídicas a quienes la AICA ha considerado presuntamente responsables de algunas de estas o similares irregularidades e ilegalidades.