Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia ha reiterado su rotunda condena ante la reciente sentencia que ha dejado en libertad a una red criminal de empresarios proxenetas, "convictos y confesos", responsables de la extorsión, coacción y abuso sexual de menores en la región. La organización de izquierdas considera que esta decisión judicial, fundamentada en la dilación indebida como atenuante de los delitos cometidos, blanquea el proxenetismo y la prostitución infantil, perpetuando las injusticias.
En declaraciones frente al Palacio de Justicia, José Luis Álvarez-Castellanos, coordinador regional de Izquierda Unida-Verdes, manifestó en nombre de la formación el pasado lunes "la más profunda oposición y preocupación por una sentencia que libra de la cárcel a un conjunto de empresarios proxenetas convictos. Esta resolución, basada en la atenuante de dilación indebida del proceso judicial, pone de manifiesto la necesidad urgente de replantear el funcionamiento de nuestro sistema judicial. De alguna manera, esta sentencia blanquea el proxenetismo y la prostitución de menores."
Álvarez-Castellanos también recordó que la Fiscalía General del Estado anunció en 2022 la redacción de una circular para unificar criterios que pusiera cota a la aplicación del atenuante de dilación en los procesos judiciales referidos a delitos sexuales. Sin embargo, dos años después, esta circular sigue sin publicarse, lo que permite que situaciones como la actual se repitan.
"Es inaceptable que la continua solicitud de más recursos para la Fiscalía en nuestra región no sea atendida. Murcia es la Fiscalía con mayor carga judicial del país, pero ocupa el décimo lugar en cuanto a número de fiscales, según los propios datos de la Memoria de la Fiscalía General de la Región de Murcia del año 2023. Esta falta de equilibrio está generando una injusticia que indigna a la sociedad murciana," añadió.
Desde Izquierda Unida-Verdes también han exigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la apertura inmediata de una investigación para esclarecer por qué la instrucción del caso ha durado diez años. "Es necesario aclarar, además, si a la falta de recursos humanos de la Fiscalía y del sistema judicial en nuestra Región, hay que añadir una presunta falta de interés del las estructuras judiciales en priorizar el proceso de instrucción de este tipo de casos que afectan a los derechos de menores y que además provocan una más que justificada alarma social ante estas grietas del sistema judicial", apostilló Álvarez-Castellanos.
Igualmente, han pedido a la Fiscalía General de la Región que explique las razones de esta abultada dilación en el proceso judicial y los motivos en que se basa la aplicación del criterio de dilación indebida para llegar al acuerdo alcanzado que libra de la cárcel al grupo de empresarios proxenetas, que en este caso ha sido utilizado de manera escandalosa.
Finalmente, el dirigente regional de IU ha hecho un llamamiento a la nueva concentración convocada por el movimiento feminista para el 24 de septiembre a las 20:00 hrs, otra vez frente el Palacio de Justicia, para seguir mostrando el rechazo social a decisiones judiciales que "favorecen la impunidad, y exigir reformas urgentes que garanticen la protección de las víctimas de abuso y explotación".