El presidente de la Comunidad de Regantes de Totana, Felipe Andreo, ha ofrecido recientemente una entrevista en la que advirtió sobre el grave peligro que corre la agricultura totanera debido a los recortes normativos al trasvase Tajo-Segura, con la fecha clave de 2027 en el horizonte. En su intervención en Totana Radio, recogida por Totana.com, Andreo destacó que, aunque las recientes lluvias han asegurado suficiente agua para los regadíos y plantaciones este año, con los pantanos de cabecera alcanzando niveles excepcionales de casi 1,600 hm³ y la cuenca en nivel uno —lo que garantiza caudales suficientes para cultivar y planificar—, el problema radica en los cambios normativos impulsados por el gobierno.

Los planes hidrológicos aprobados en 2023 para los ríos Tajo y Segura, junto con las nuevas normas de explotación propuestas, reducirían drásticamente el agua disponible para riego, dejando a la región en una situación crítica. Andreo calificó esta política de “insensatez” y alertó sobre las consecuencias “absolutamente tremendas” para el Levante español, especialmente para Totana, la comarca del Guadalentín, Murcia, Almería y Alicante. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 2024, el 61.7% del empleo en Totana (8,758 de 14,183 trabajadores) está directamente vinculado a la agricultura, mientras que el 38.3% restante (429 en industria, 403 en construcción y 4,593 en servicios) depende intrínsecamente de esta base agraria, ya que los servicios están mayoritariamente ligados a la actividad agrícola. Andreo enfatizó que, si la agricultura colapsa, “sobramos todos”, afectando la economía, el comercio y el bienestar social.

Los recortes propuestos implican una reducción aproximada del 54% de los caudales recibidos en los últimos años, que ya eran insuficientes, ya que Totana opera con solo un tercio de su concesión inicial. Esta disminución podría traducirse en una caída del 50% de la actividad económica local, llevando al cierre de empresas, pérdida masiva de empleos y un impacto devastador en la calidad de vida y el futuro de las familias. Andreo describió este escenario como “el caos”.

El presidente subrayó que el agua del trasvase no es gratuita, sino que se paga “bien”. Los regantes abonan una cuota fija mensual y anual, que representa entre 12 y 14 millones de euros anuales para el Sindicato Central de Regantes, incluso si el agua no llega, basada en la concesión inicial de 420 hm³. Andreo denunció la falta de transparencia, señalando que, desde hace ocho años, han solicitado al Tribunal de Cuentas información sobre el destino de las compensaciones pagadas a Castilla-La Mancha, sin obtener respuesta. Paradójicamente, algunos pueblos beneficiados por estas compensaciones requieren suministro de agua mediante cubas en verano, cuando el dinero aportado por los regantes debería garantizar sus necesidades y más.

Andreo señaló un “acoso sistemático” al trasvase Tajo-Segura, el único cuestionado de los 38-40 trasvases existentes en España, y denunció que no hay estudios fehacientes que justifiquen su cierre, atribuyéndolo a motivaciones políticas. Criticó que muchos estudios oficiales están “adaptados o manipulados” para respaldar esta decisión, mientras que los estudios independientes financiados por el Sindicato Central de Regantes, realizados por expertos de primer nivel, demuestran que es viable atender todas las necesidades —ambientales, agrícolas y de consumo— sin cerrar el trasvase. Los regantes solo solicitan los excedentes del Tajo, tras cubrir las necesidades de los pueblos ribereños, y no desean perjudicar a Castilla-La Mancha.

La cuenca del Segura, una de las pocas deficitarias en España, enfrenta un déficit de más de 400 hm³, mientras que la del Tajo está al 86% de su capacidad. A nivel nacional, el déficit de 420 hm³ del Segura representa solo el 0.98% del agua almacenada en el país, lo que refuerza la viabilidad de mantener el trasvase. Andreo también mencionó la propuesta frustrada del trasvase del Ebro, que habría beneficiado a Castilla-La Mancha al llenar los pantanos de Entrepeñas y Buendía, permitiendo un reparto equitativo del agua sobrante antes de que se pierda en el mar. Además, cuestionó por qué Murcia no puede gestionar el agua que pasa por su territorio, comparándolo con el acueducto de gas que cruza la región de Cartagena a Albacete, destacando que el agua es más esencial que el gas.

Ante esta situación, el Sindicato Central de Regantes está intensificando sus esfuerzos para concienciar a la ciudadanía. Recientemente, una propuesta para no cerrar el trasvase fue debatida en el Congreso de los Diputados, pero se perdió por un solo voto. La Junta de Andalucía también defendió el trasvase, dado su impacto en Almería. El 6 de junio está prevista una concentración de alcaldes murcianos en el cuartel de artillería de Murcia para oponerse a los recortes. Aunque no hay fecha concreta para manifestaciones en Totana o Madrid, todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo actos con asociaciones de empresarios en Cartagena y Lorca. Andreo insistió en que, aunque hoy haya agua, se están sentando las bases legales para que mañana no la haya, lo cual es inaceptable.

El presidente llamó a todos los ciudadanos, agricultores o no, a defender el trasvase, vital para el futuro de Totana, y agradeció a Totana Radio por dar voz a las preocupaciones de los regantes. La entrevista concluyó con un mensaje claro: la agricultura es un medio de vida digno que debe preservarse para las futuras generaciones, y el trasvase Tajo-Segura es esencial para garantizar la riqueza, el empleo y el bienestar de la región.