Los juzgados de Totana se unieron hoy al paro de diez minutos convocado por cinco asociaciones nacionales de jueces y fiscales. La protesta, que tuvo lugar a las 12:00 horas, se enmarca en el rechazo a las reformas legales impulsadas por el Gobierno, especialmente en lo relativo al acceso a las carreras judicial y fiscal, así como a la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Las asociaciones convocantes fueron la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y la Asociación Independiente de Fiscales (APIF). Por el contrario, las asociaciones de perfil progresista, como Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), no se sumaron a esta iniciativa.

La concentración contó con respaldo en numerosos partidos judiciales de toda España, incluida Totana, donde también participaron concejales del Grupo Municipal VOX, que se sumaron a la convocatoria como muestra de apoyo.

Durante el acto se leyó un manifiesto en defensa de la independencia judicial y en contra de lo que las asociaciones convocantes consideran una intromisión del poder político en la Justicia. Advirtieron que las reformas propuestas podrían poner en riesgo la separación de poderes y el Estado de derecho.

Los convocantes exigieron la retirada inmediata de los proyectos legislativos y no descartan intensificar las medidas de protesta, incluyendo una posible huelga, si el Gobierno no rectifica.

Manifiesto del paro judicial del 11 de junio

El manifiesto leído durante el paro denuncia que las recientes iniciativas legislativas amenazan la independencia del poder judicial y de la fiscalía, pilares fundamentales del Estado de derecho según la Constitución de 1978.

Se critica que proyectos como la modificación del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, atentan contra la calidad y la autonomía de estas instituciones. En el primer caso, se denuncia que la reforma rebaja la excelencia en la formación al eliminar contenidos clave e introducir pruebas más subjetivas y potencialmente filtrables, lo que podría dar lugar a selecciones ideológicas.

En cuanto al segundo proyecto, se alerta de que amplía las competencias del Fiscal General del Estado —nombrado por el Gobierno—, aumentando así su control sobre los fiscales y sobre los futuros fiscales de instrucción, lo que incrementa el riesgo de interferencias políticas.

El texto también reclama una creación masiva de plazas judiciales y fiscales para mejorar la calidad y rapidez del servicio, y agradece a los asistentes su apoyo en la defensa del Estado de derecho frente a estas reformas, que llegan en un contexto de descrédito creciente del poder judicial y del Ministerio Fiscal.