Vecinos de la urbanización La Charca han mostrado su rechazo unánime a la instalación de una antena de telefonía móvil de 50 metros de altura en la calle Barcelona, en pleno centro de la urbanización, con casas a tan solo 2 metros de distancia. En una multitudinaria reunión celebrada hoy, miembros de la directiva vecinal, vecinos afectados y representantes del Ayuntamiento debatieron intensamente sobre las implicaciones de esta obra, cuya ejecución aún no ha finalizado.
Los argumentos vecinales contra la antena se centraron en cuatro ejes: la incertidumbre sobre sus efectos en la salud —recordando casos de cáncer en barrios de otras ciudades, como Zaragoza, relacionados con antenas—, el impacto ambiental por la cercanía al Parque Regional de Sierra Espuña, el fuerte impacto visual en una zona residencial y la proximidad al centro de hemofilia, que acoge a pacientes vulnerables durante estancias prolongadas, especialmente en verano. Los vecinos destacaron una posible norma que prohíbe instalar antenas a menos de 500 metros de centros sanitarios, una vía que planean explorar.
La directiva insistió en que no se oponen a la mejora de la cobertura móvil, sino a la ubicación concreta de la antena: "Que la instalen, sí, pero lejos de las viviendas, en zonas como terrenos más elevados o solitarios", resumieron. También lamentaron que el terreno haya sido alquilado por un propietario no residente en La Charca, con fines lucrativos, lo que generó críticas por su falta de consideración hacia los vecinos.
Una de las principales quejas fue la total ausencia de información previa. Los vecinos denunciaron haberse enterado de la obra cuando vieron dos torres de 30 metros en el suelo, listas para su montaje. "No se convocó ninguna reunión informativa, no se nos informó", se lamentaron, calificando la actuación del Ayuntamiento como poco transparente.
La concejala de Urbanismo, Patricia Corbalán, explicó que la licencia, solicitada en mayo de 2023 y aprobada el 30 de octubre de 2024, fue tramitada conforme a la normativa actual, que permite estas instalaciones en suelos no urbanizables si cumplen ciertos requisitos. Reconoció no haber sido consciente de que el terreno, aunque calificado como no urbanizable, está en el corazón de la urbanización, y admitió que, aunque legalmente no era obligatorio informar a los vecinos, debería haberse hecho por sentido común. También mencionó que se han solicitado informes a Medio Ambiente para buscar resquicios legales que permitan paralizar la obra.
El alcalde, Juan Pagán, presente en la reunión, se comprometió a apoyar la reivindicación vecinal. Tanto él como la concejala expresaron su disposición a revisar el expediente técnico y jurídico en busca de defectos que permitan frenar la instalación, aunque advirtieron que no será fácil, ya que la licencia fue concedida legalmente. Entre las posibles irregularidades, el ex-concejal de Urbanismo, Carlos Ballester, señaló: la ausencia del cartel obligatorio de obra, que podría justificar una paralización cautelar; el uso de alambre de espino en el vallado, prohibido en Totana; y la justificación del proyecto con el Plan General anulado en 2017, en lugar de las Normas Subsidiarias vigentes.
Los vecinos anunciaron movilizaciones inminentes, incluyendo concentraciones frente a la obra para impedir el acceso de maquinaria, la convocatoria de medios de comunicación regionales o nacionales, y la recogida de firmas. También plantearon ofrecer un terreno municipal alternativo, gestionado por el Ayuntamiento, para trasladar la antena fuera de la zona residencial, una solución que requeriría negociación con la empresa operadora.
La reunión también evidenció un problema estructural: tras más de 50 años, La Charca carece de una entidad jurídica formal, lo que impide actuar colectivamente como comunidad de propietarios y debilita su capacidad de defensa frente a decisiones administrativas. Los vecinos reclamaron que el Ayuntamiento asuma de una vez la recepción de la urbanización como núcleo urbano consolidado, resolviendo la indefinición legal que perpetúa problemas como el mantenimiento de zonas verdes o viales.
La reunión concluyó con el compromiso municipal de seguir revisando el expediente y explorar todas las vías legales, incluyendo consultas a Medio Ambiente y negociaciones con el propietario y la empresa. Mientras tanto, los vecinos se organizarán para impedir por todos los medios que la antena se instale en su ubicación actual, con acciones que podrían incluir manifestaciones y presión mediática.